La Federación de Arroceros y ASAJA Sevilla defienden en el CD AGRI de la Unión Europea medidas urgentes a la situación del arroz Europeo.

La Federación de Arroceros y ASAJA Sevilla defienden en el CD AGRI de la Unión Europea medidas urgentes a la situación del arroz Europeo.

A través del COPA-COGECA trabajamos con el Comité Europeo de las Regiones para buscar soluciones a la rotura del mercado del arroz.

Ayer, 8 de julio de 2026, se celebró en Bruselas, la reunión del Grupo de Trabajo del Arroz (RIZ).

El principal tema tratado fue la insostenible situación que están viviendo los arroceros ante las importaciones masivas de Camboya y Myanmar, que, unido al incremento de los costes de producción, están provocando una situación insostenible que ya han provocado la reducción de la superficie de cultivo en países como Italia o Grecia.

El representante del sector arrocero español por ASAJA Sevilla de la Federación de Arroceros, Eduardo Vera, exigió medidas urgentes y explico que llevan más de un año anticipando cifras a la Comisión Europea de lo que está sucediendo actualmente y que no están dispuestos a ser moneda de cambio de otros «grandes acuerdos comerciales» o sufrir las consecuencias por determinados acuerdos de inmigración.

Uno de los puntos positivos alcanzados ayer, fue la necesidad de imponer de forma urgente el etiquetado de origen del arroz de la Unión Europea producido bajo Producción Integrada y la necesidad de mayor información al consumidor. Además, en la sesión intervino el Presidente del Comité Europeo de la Regiones, D. Alberto Cirio, órgano con él se está trabajando en la viabilidad y visión estratégica del cultivo en Europa.

Le adjuntamos el último documento elaborado por el conjunto de Organizaciones Agrarias y Cooperativas (COPA-COGECA) de los ocho países arroceros.
Documento que se enviará como demandas del sector arrocero europeo a todos los estamentos de la Unión Europea.

DOCUMENTO

1. ¿Cuál debería ser la visión estratégica de la UE para el sector arrocero para 2030 en términos de sostenibilidad, resiliencia y seguridad alimentaria?

La Unión Europea debería definir una visión estratégica específica para el sector arrocero de cara a 2030, reconociéndolo como un sector sensible, estratégico y esencial para la autonomía alimentaria europea. El arroz no debe considerarse únicamente un cultivo regional, sino un producto básico para la seguridad alimentaria, especialmente en un contexto de creciente dependencia de importaciones procedentes de terceros países.

La estrategia europea debería partir de una premisa clara: sin producción arrocera europea no hay sostenibilidad, ni resiliencia territorial, ni seguridad alimentaria real. En muchas regiones productoras, el arroz no tiene una alternativa agronómica o económica viable a medio plazo, y su desaparición tendría consecuencias graves sobre el empleo rural, la industria transformadora, el tejido cooperativo, la gestión del agua, la biodiversidad y la conservación de humedales de alto valor ecológico.

En el caso de España, el arroz tiene una importancia estratégica específica dentro del conjunto europeo. España es uno de los principales países productores de arroz de la Unión Europea y cuenta con zonas arroceras de gran relevancia económica, social y ambiental. En muchos de estos territorios, el cultivo forma parte de sistemas productivos muy consolidados y está ligado a la actividad de cooperativas, secaderos, industrias transformadoras, comunidades de regantes y economías locales.

En términos cuantitativos, la Unión Europea produce cada campaña en torno a 2,8 millones de toneladas de arroz cáscara (unos 1,7 millones en equivalente blanco), con predominio de japónica. España es uno de los principales productores comunitarios: según el MAPA, en la campaña en curso (2025/2026) su cosecha alcanzó cerca de 734.000 toneladas de arroz cáscara en unas 97.100 hectáreas, aproximadamente una cuarta parte de la producción de cáscara de la UE. Andalucía es la principal región productora, seguida de Extremadura, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Teniendo en cuenta esta presencia e importancia, la estrategia europea para 2030 debe tener en cuenta la realidad de regiones productoras españolas como Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Navarra y otras zonas arroceras, donde el cultivo aporta producción, calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria, empleo rural y mantenimiento de ecosistemas asociados al regadío y a zonas húmedas de alto valor ambiental. Es también relevante el reconocimiento de espacios de especial relevancia como el entorno de Sevilla-Doñana, vinculado al Parque Nacional y Natural de Doñana, y el área arrocera asociada al Parque Natural de la Albufera, donde el arroz cumple funciones productivas, culturales, territoriales y ambientales.

La visión para 2030 debe basarse en tres pilares.

• La sostenibilidad, entendida en sus dimensiones ambiental, económica y social. El sector debe avanzar en reducción de emisiones, eficiencia hídrica, innovación varietal, trazabilidad ambiental, mejora de prácticas agronómicas y protección de humedales, pero siempre garantizando la rentabilidad de las explotaciones.
• La resiliencia, frente al cambio climático, la sequía, los costes crecientes, especialmente energéticos, la volatilidad de los mercados, las crisis comerciales y la competencia de importaciones.
• La seguridad alimentaria, asegurando que Europa conserve una base de producción propia de arroz suficiente, trazable, de calidad y sometida a los estándares comunitarios.

La UE debe evitar que la transición ambiental se convierta en un factor de pérdida de competitividad para sus propios agricultores. No puede exigirse al productor europeo un nivel creciente de requisitos ambientales, fitosanitarios, sociales y laborales mientras se permite la entrada de arroz producido bajo normas menos exigentes. Debemos buscar la integración entre la rentabilidad de los cultivos y la protección de los ecosistemas, con la figura de los arroceros como garantes del medioambiente y fijadores de la población rural

Por ello, la visión estratégica del arroz europeo debe integrar sostenibilidad, reciprocidad comercial y apoyo económico suficiente.

2. ¿Existe la posibilidad de crear sinergias con otros productos de importancia regional que puedan beneficiarse de una estrategia europea común de apoyo? Si es así, ¿qué productos deberían considerarse?

Sí. El arroz comparte desafíos con otros cultivos de importancia regional, especialmente mediterráneos y de regadío, que también se enfrentan a la escasez de agua, el aumento de costes, la presión de las importaciones, las exigencias ambientales y la necesidad de mantener actividad económica en zonas rurales.

Por ello, el arroz debería integrarse en una estrategia europea de cultivos mediterráneos sensibles y de sectores vinculados a regadíos históricos, con el objetivo de crear un frente común de producciones que comparten problemas estructurales: costes altos, agua escasa, presión ambiental, competencia exterior y pérdida de rentabilidad.

Podrían considerarse productos como el tomate para industria, los cítricos, las frutas y hortalizas, el aceite de oliva, los frutos secos, las legumbres, el maíz, el algodón, la remolacha y otros cultivos estratégicos ligados al regadío y a territorios vulnerables. También deberían tenerse en cuenta actividades económicas directamente vinculadas a estos sistemas agrarios.

Una estrategia europea común podría impulsar medidas compartidas en modernización de regadíos, eficiencia energética, innovación varietal, digitalización, reducción de emisiones, promoción de productos europeos sostenibles, refuerzo de cooperativas y organizaciones de productores, y defensa de la reciprocidad frente a importaciones que no cumplan estándares equivalentes.

En el caso de España, estas sinergias son especialmente relevantes por el peso de los cultivos mediterráneos y de regadío en muchas comunidades autónomas. No obstante, estas medidas comunes deben complementar, y no diluir, las necesidades específicas del arroz como sector sensible y estratégico, esencial para uno de los mayores objetivos medioambientales que tiene Europa como es el freno a la desaparición de humedales en los últimos años y el mantenimiento de estos para la protección de sus ecosistemas.

3. ¿Qué valor añadido pueden aportar las autoridades locales y regionales al diseñar e implementar medidas concretas para el sector arrocero y qué papel deberían desempeñar las autoridades locales y regionales en la definición de una estrategia europea común para un sector arrocero europeo más resiliente y competitivo?

Las autoridades locales y regionales aportan un valor añadido fundamental porque conocen de primera mano la realidad de cada zona productora: disponibilidad de agua, características de los suelos, infraestructuras de riego, costes de producción, riesgos climáticos, estructura cooperativa y relación del cultivo con espacios naturales, humedales o deltas. También conocen la realidad física, económica y social del cultivo: cuencas, comunidades de regantes, cooperativas, industria, zonas protegidas y empleo rural.

El arroz europeo no se cultiva en condiciones homogéneas, por lo que una estrategia europea común debe fijar objetivos generales, pero permitir una aplicación flexible y adaptada a cada territorio.

En España, esta dimensión territorial es especialmente importante. Las condiciones de producción no son las mismas en el delta del Ebro, la Albufera de Valencia, las marismas del Guadalquivir, Extremadura, Aragón o Navarra. Cada zona tiene necesidades específicas en materia de agua, biodiversidad, variedades, infraestructuras y costes.

Por ello, las comunidades autónomas y las administraciones locales deben participar desde el inicio en el diseño y aplicación de las medidas europeas y nacionales dirigidas al sector arrocero. Su conocimiento de las características productivas, ambientales e hidrológicas de cada territorio resulta esencial para adaptar los eco-regímenes, las medidas agroambientales, la planificación hidrológica, las ayudas a la inversión y los mecanismos de gestión de crisis.

En este contexto, su contribución debería articularse en torno a tres funciones principales:

• Impulsar una planificación territorial integrada que coordine las políticas de agua, agricultura, biodiversidad e industria, teniendo en cuenta las particularidades de cada zona arrocera y de los humedales asociados, con ejemplos representativos como Doñana, la Albufera de Valencia o el Delta del Ebro.
• Aportar información objetiva sobre los costes reales de producción, el impacto socioeconómico del cultivo y los servicios ambientales que presta el arroz, proporcionando una base técnica sólida para el diseño y la defensa de medidas específicas de apoyo ante las instituciones europeas.
• Participar de forma activa en la definición, seguimiento y evaluación de la estrategia europea para el arroz, garantizando que las políticas comunitarias incorporen la diversidad de las distintas regiones productoras y no respondan exclusivamente a criterios generales de mercado o climáticos.

Asimismo, las cooperativas españolas y las asociaciones agrarias profesionales pueden actuar como interlocutores esenciales entre agricultores y administraciones, aportando información técnica, económica y comercial sobre la realidad del sector. Esta colaboración es necesaria para que las políticas públicas sean eficaces, estén conectadas con el terreno y hagan compatible la sostenibilidad ambiental con la continuidad y competitividad del cultivo.

4. ¿Cómo puede la UE garantizar la competitividad económica a largo plazo del sector arrocero en las principales regiones productoras, teniendo en cuenta el aumento de los costes de producción y la fuerte competencia de las importaciones?

La UE debe garantizar la competitividad económica del sector arrocero mediante una combinación equilibrada de apoyo público, inversiones, innovación y una política comercial coherente. El arroz europeo soporta costes de producción elevados derivados de la energía, el agua, la mano de obra y el cumplimiento de exigentes estándares ambientales, fitosanitarios, laborales y sociales, mientras compite con importaciones que, en muchos casos, acceden al mercado europeo en condiciones más ventajosas.

En España, esta situación afecta al conjunto de la cadena de valor: productores, cooperativas, secaderos, industrias transformadoras y empleo rural. En este contexto, las cooperativas y organizaciones de productores desempeñan un papel esencial al concentrar la oferta, prestar servicios técnicos, impulsar la innovación, mejorar la comercialización y reforzar la posición negociadora de los agricultores.

Por ello, resulta imprescindible mantener un apoyo específico y suficiente dentro de la PAC para el arroz, incluyendo pagos acoplados de carácter estable, junto con medidas agroambientales adaptadas, ayudas a la inversión y mecanismos eficaces de gestión de crisis. En el caso del arroz, este apoyo acoplado no debería plantearse como una medida excepcional o coyuntural, sino como un instrumento estable capaz a su vez de responder a circunstancias estructurales, como la creciente presión de las importaciones procedentes de países con preferencias arancelarias, la limitada existencia de alternativas agronómicas en numerosas zonas productoras y el progresivo descenso de la superficie cultivada. Asimismo, deben contemplarse ayudas destinadas a compensar los mayores costes ambientales, energéticos y de gestión del agua que soportan los productores europeos.

Igualmente, resulta prioritario agilizar la autorización y disponibilidad de materias activas eficaces para el control de plagas y enfermedades, ya que su insuficiencia reduce de forma significativa los rendimientos y compromete la rentabilidad de las explotaciones.

La competitividad del sector también exige una política comercial coherente. La Unión Europea no puede imponer a sus productores requisitos ambientales, sociales, laborales y fitosanitarios cada vez más exigentes mientras permite la entrada de arroz producido bajo estándares inferiores. Por ello, el acceso al mercado europeo debe sustentarse en el principio de reciprocidad, garantizando unas condiciones de competencia equivalentes entre la producción europea y las importaciones.

En este sentido, es necesario reforzar los mecanismos de salvaguardia frente a incrementos de importaciones que puedan desestabilizar el mercado, mediante instrumentos más rápidos, automáticos y eficaces. La experiencia demuestra que los mecanismos actuales presentan importantes limitaciones. Un ejemplo fue la reintroducción de derechos al arroz procedente de Camboya y Myanmar en 2019, posteriormente anulada por el Tribunal General de la Unión Europea, lo que pone de manifiesto la necesidad de dotar a estos instrumentos de una mayor solidez jurídica y eficacia.

La competitividad del sector requiere también un esfuerzo continuado de inversión en modernización de regadíos, eficiencia energética, digitalización, innovación varietal, agricultura de precisión, transformación, trazabilidad, promoción comercial y el fortalecimiento de las estructuras de comercialización.

Para reforzar la competitividad del arroz europeo, la UE debería adoptar un conjunto de medidas prioritarias:

1. Mantener un apoyo específico al sector a través de la PAC, incluyendo pagos acoplados.
2. Actualizar los aranceles cuando resulte necesario para reflejar adecuadamente la realidad del mercado europeo.
3. Aplicar de forma efectiva cláusulas espejo en materia ambiental, sanitaria, fitosanitaria, laboral y social.
4. Reforzar las cláusulas de salvaguardia con mecanismos ágiles, automáticos y jurídicamente sólidos.
5. Implantar controles homogéneos en los puntos de entrada de la Unión Europea.
6. Compensar los sobrecostes derivados de las exigencias ambientales, energéticas e hídricas que soporta el sector.
7. Impulsar inversiones en modernización, transformación, innovación, trazabilidad y comercialización.
8. Evitar prácticas de triangulación comercial y reducir los costes de producción mediante el impulso de nuevas tecnologías y herramientas de agricultura de precisión.

Sin unas reglas comerciales basadas en la reciprocidad, mecanismos eficaces de defensa comercial y un apoyo suficiente a la modernización del sector, la Unión Europea difícilmente podrá garantizar la competitividad del arroz europeo, la sostenibilidad de sus explotaciones y la conservación de los importantes servicios ambientales asociados a este cultivo.

5. ¿Cómo puede la UE fortalecer la posición de los productores de arroz en la cadena de suministro, permitiéndoles obtener más valor añadido?

La UE puede fortalecer la posición de los productores de arroz reforzando la organización económica del sector, especialmente a través de cooperativas, organizaciones de productores y estructuras de integración comercial. La concentración de la oferta permite mejorar la capacidad negociadora, reducir costes, prestar servicios técnicos, invertir en innovación y capturar una mayor parte del valor generado en la cadena.

En España, las cooperativas agroalimentarias son una herramienta fundamental para este objetivo. Además de comercializar, prestan asesoramiento técnico, gestionan infraestructuras, participan en el secado, almacenamiento y transformación, garantizan la trazabilidad y defienden colectivamente los intereses de los productores.

Por ello, la UE debería apoyar la integración cooperativa, las inversiones en transformación y envasado, la creación de marcas colectivas y la participación de los agricultores en fases posteriores de la cadena. Cuanto mayor sea la presencia de productores de arroz y cooperativas en la transformación, comercialización y diferenciación del producto, mayor será su capacidad para obtener valor añadido. En particular, deberían impulsarse cooperativas con molino propio, estructuras de integración comercial, marcas de origen europeo y herramientas de promoción alimentaria específicas para el arroz europeo y español.

También es necesario garantizar contratos equilibrados, transparentes y estables, con precios que tengan en cuenta los costes reales de producción, así como aplicar de forma efectiva la normativa sobre prácticas comerciales desleales.

Finalmente, debe reforzarse la valorización del arroz europeo y español mediante un etiquetado claro de origen por país, certificaciones de calidad, trazabilidad, indicaciones geográficas, promoción del consumo y diferenciación basada en sostenibilidad, seguridad alimentaria y cumplimiento de los estándares comunitarios.

En este ámbito, es prioritario avanzar hacia una normativa europea que haga obligatoria la identificación del origen en el etiquetado del arroz, diferenciando con claridad el producto de la Unión Europea del procedente de terceros países. En la actualidad, el consumidor no dispone de información clara sobre la procedencia del arroz que adquiere, lo que impide valorar en el mercado los estándares ambientales, sanitarios, sociales y de trazabilidad que sí cumple el producto europeo. Un etiquetado de origen obligatorio, veraz y verificable constituye, por tanto, una herramienta esencial de transparencia para el consumidor y de competencia leal frente a las importaciones, y un complemento imprescindible de las certificaciones de calidad, las indicaciones geográficas y la promoción del arroz europeo.

El productor debe capturar valor por tres vías: producto, origen y sostenibilidad. Para ello, es imprescindible que el consumidor pueda reconocer claramente el valor diferencial del arroz europeo, producido bajo mayores estándares ambientales, laborales, fitosanitarios y de seguridad alimentaria.

6. ¿Cómo se puede lograr el objetivo de reducir las emisiones de metano y cumplir con los requisitos medioambientales para el cultivo del arroz sin comprometer los ingresos de los agricultores ni los sistemas regionales de producción?

La reducción de emisiones de metano en el cultivo del arroz debe abordarse de forma gradual, técnica e incentivada, adaptando las medidas a la realidad de cada territorio. Prácticas como la gestión alternativa del agua, los secados controlados, la mejora de la fertilización, la gestión de restos de cultivo, la digitalización del riego o el uso de variedades mejor adaptadas incluidas aquellas que utilizan la biotecnología, pueden contribuir a reducir emisiones.

No obstante, estas medidas no deben imponerse de forma uniforme ni sin valorar sus efectos económicos, agronómicos y ambientales. En muchas zonas arroceras, especialmente en España, el cultivo está vinculado a humedales, marismas o deltas, donde cumple funciones ambientales importantes, como la conservación de biodiversidad, el control de la salinidad y el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas.

En coherencia con ello, se deben mantener y mejorar las ayudas agroambientales asociadas al cultivo y, al mismo tiempo, revisar aquellos requisitos que carecen de justificación agronómica y que, en la práctica, pueden llegar a hacer inviable el cultivo. Conviene recordar que, si el arrozal desaparece, se pierden también todos los beneficios ambientales que se pretendía proteger, por lo que la exigencia debe ser proporcionada y compatible con la continuidad de la actividad.

Asimismo, junto con la reducción de emisiones, debe valorarse también la posible contribución del cultivo del arroz a la captación de carbono. Aunque actualmente el reconocimiento de esta captación se concentra principalmente en los cultivos leñosos, es necesario avanzar en metodologías específicas que permitan medir y valorar el papel que pueden desempeñar los arrozales, especialmente a través del manejo del suelo, la gestión de restos vegetales y el mantenimiento de determinados sistemas agrarios asociados a humedales. Esta valoración debe formar parte de un enfoque equilibrado, que tenga en cuenta tanto las emisiones como los posibles servicios ambientales prestados por el cultivo.

Las cooperativas y las organizaciones agrarias profesionales españolas pueden desempeñar un papel clave en esta transición, prestando asesoramiento técnico, coordinando a los productores, canalizando inversiones y participando en proyectos piloto de innovación, medición de emisiones y evaluación de la captación de carbono.

La UE debe evitar un enfoque sancionador. Los agricultores no pueden asumir solos los costes, riesgos o posibles pérdidas de rendimiento derivados de nuevas prácticas. Todo compromiso ambiental adicional debe ir acompañado de pagos compensatorios, ayudas a la inversión, formación, asesoramiento técnico y seguridad jurídica. La regla debe ser clara: si el agricultor mantiene un ecosistema de interés público, debe ser compensado justamente.

El objetivo debe ser reducir emisiones sin comprometer la rentabilidad de las explotaciones ni la continuidad de los sistemas regionales de producción, reconociendo, al mismo tiempo, el conjunto de funciones ambientales que desempeñan los arrozales.

7. ¿Qué incentivos o programas de apoyo son necesarios para fomentar la adopción de prácticas de bajas emisiones, como la gestión alternativa del agua?

El cultivo de arroz es básico para la seguridad alimentaria, es base y pilar de la alimentación europea, por sus características requiere de investigación, desarrollo e innovación y se debe trabajar para aumentar la capacidad de captura de carbono y lograr un aumento de las reservas de carbono orgánico del suelo, siempre incentivando al agricultor y acelerando en la aplicación de una normativa clara y eficiente que premie las buenas prácticas y la compensación de bonos de carbono.

Sería necesario crear o reforzar un programa específico de apoyo al arroz sostenible dentro de la PAC y de los instrumentos europeos de innovación. Este programa debería incentivar prácticas de bajas emisiones siempre que sean técnicamente viables y no comprometan la rentabilidad de las explotaciones.

Entre las medidas prioritarias deberían incluirse pagos agroambientales, eco-regímenes específicos, ayudas a la modernización de regadíos, digitalización, sensores, la utilización de la agricultura de precisión como los drones, la gestión alternativa del agua, secados controlados, mejora de la fertilización, gestión sostenible de restos de cultivo y adaptación varietal. Adicionalmente, deben contemplarse ayudas agroambientales especificas para arroz cultivado en humedales protegidos y reconocidos internacionalmente a través de listas como “Ramsar” y la Red Natura 200, diseñadas territorialmente para compensar el mantenimiento del humedal.

En España, estos programas deberían gestarse con la participación de comunidades autónomas, cooperativas, agricultores y asociaciones agrarias profesionales, comunidades de regantes, centros de investigación y organizaciones del sector, organizados por cuenca o territorio arrocero, ya que cada zona arrocera tiene condiciones distintas y requiere soluciones adaptadas.

También es importante financiar proyectos piloto y reforzar el asesoramiento técnico especializado para facilitar la adopción de prácticas de bajas emisiones. En este ámbito, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y otros agentes del sector pueden desempeñar un papel esencial para trasladar la innovación a los agricultores, coordinar actuaciones colectivas y garantizar que las nuevas prácticas sean técnica, económica y ambientalmente viables.

Asimismo, deben impulsarse inversiones específicas en modernización de infraestructuras y tecnologías aplicadas al cultivo, como compuertas, nivelación de parcelas, sensores, sistemas de telecontrol y otras herramientas de agricultura de precisión que permitan optimizar la gestión del agua, reducir emisiones y mejorar la eficiencia productiva.

Los incentivos deben ser plurianuales, previsibles y suficientes. Quienes asuman compromisos ambientales adicionales deben recibir una compensación adecuada mediante eco-regímenes específicos para el arroz, ayudas agroambientales plurianuales, asesoramiento técnico especializado, instrumentos de gestión del riesgo y, cuando proceda, mecanismos que reconozcan la reducción de emisiones o la captura de carbono.

Del mismo modo, deben compensarse los costes derivados de las exigencias ambientales y climáticas que la propia Unión Europea impone al sector, de forma que la sostenibilidad se convierta en una oportunidad para mejorar la competitividad de las explotaciones y no en una carga económica adicional para los productores.

8. La escasez de agua y la competencia por el uso del agua son factores estructurales en muchas cuencas arroceras en Europa. ¿Cómo deberían adaptarse las políticas agrícolas y hídricas de la UE al aumento de las sequías y la escasez de agua en las principales cuencas arroceras?

Las políticas agrícolas e hídricas de la UE deben coordinarse mejor para responder al aumento de las sequías y a la escasez estructural de agua. El arroz depende del agua, pero en muchas zonas también cumple funciones ambientales, paisajísticas y de equilibrio territorial.

En España, la escasez de agua es uno de los principales factores que condicionan el futuro del arroz. Muchas zonas productoras dependen de regadíos sometidos a una presión creciente por la sequía, la competencia entre usos y el cambio climático.

Además, el arroz español está vinculado en muchos casos a humedales, deltas y marismas de alto valor ambiental, donde contribuye al mantenimiento de láminas de agua, al control de la salinidad, a la conservación de biodiversidad y al equilibrio de los ecosistemas. Por ello, las políticas de agua no deben considerar el arroz únicamente como un consumidor de recurso, sino como parte de sistemas agroambientales complejos.

La adaptación a este nuevo escenario debe basarse en una planificación territorial que tenga en cuenta las características de cada cuenca y combine una gestión eficiente del recurso con la protección de los ecosistemas y la viabilidad del tejido productivo. No basta con promover el ahorro de agua; también resulta necesario garantizar dotaciones adecuadas para cultivos estratégicos, modernizar infraestructuras, fomentar la reutilización de aguas regeneradas cuando sea técnica y ambientalmente viable, mejorar la capacidad de almacenamiento y reforzar la gobernanza del agua mediante comunidades y juntas de regantes eficientes.

La UE debería priorizar inversiones en modernización sostenible de regadíos, reducción de pérdidas en redes, almacenamiento, reutilización de aguas regeneradas cuando sea viable, eficiencia energética, digitalización de la gestión del agua y adaptación de calendarios de cultivo a través del Fondo de Competitividad del siguiente MFP. Estas inversiones deben contar con financiación pública suficiente y no trasladar todos los costes a los agricultores.

Las comunidades de regantes, las cooperativas y las organizaciones de productores pueden desempeñar un papel esencial en este proceso mediante la planificación del uso del agua, el asesoramiento técnico, la implantación de tecnologías de riego más eficientes y la coordinación de actuaciones colectivas.

Por último, deben establecerse mecanismos específicos de gestión de crisis para afrontar episodios de sequía extrema, incluyendo compensaciones por pérdida de renta, seguros adaptados, flexibilidad en la aplicación de la PAC y otras medidas excepcionales que permitan mantener la actividad productiva. Cualquier decisión sobre restricciones hídricas debe valorar de forma conjunta sus efectos sobre la producción, el empleo, la industria transformadora y los servicios ambientales que prestan los arrozales, evitando soluciones uniformes que no tengan en cuenta la realidad de cada territorio.

9. ¿Existe el riesgo de que la reforma de la PAC y el próximo Marco Financiero Multianual, que prevé un fondo único y la centralización de la ayuda, pongan en peligro el apoyo a un sector estratégico para territorios como el arroz?

Sí, existe un riesgo real si la futura reforma de la PAC o el próximo Marco Financiero Plurianual reducen la capacidad de apoyar de forma específica a sectores sensibles como el arroz.

La simplificación administrativa es necesaria, pero no debe traducirse en recentralización, pérdida de enfoque territorial o debilitamiento de los apoyos agrarios. El arroz necesita medidas adaptadas a su realidad productiva, ambiental, hídrica y comercial.

En España, este riesgo es especialmente relevante, ya que el arroz es un cultivo concentrado en determinadas comunidades autónomas y comarcas rurales, donde resulta estratégico para el empleo, la industria transformadora, las cooperativas, la sostenibilidad económica de los productores, la gestión del agua y la conservación de ecosistemas. El peligro es que sectores pequeños en superficie, pero estratégicos desde el punto de vista territorial, ambiental y socioeconómico, como el arroz, pierdan visibilidad frente a prioridades nacionales más amplias.

Por ello, la futura PAC debe mantener una dotación agrícola suficiente y claramente identificable, así como instrumentos específicos reservados para el arroz: pagos acoplados de forma estable y estructural, eco-regímenes adaptados, medidas agroambientales, ayudas a inversiones, apoyo a la modernización de regadíos y mecanismos de gestión de crisis que garanticen que cultivos como el arroz no queden diluidos dentro de programas generales.

Las regiones productoras deben conservar capacidad de intervención en el diseño y aplicación de las medidas, ya que las condiciones productivas, hídricas y ambientales varían mucho entre territorios.

En definitiva, la simplificación no debe implicar desprotección. El arroz debe ser reconocido como sector sensible y estratégico, con financiación suficiente y medidas adaptadas a su realidad.

10. ¿Son suficientes los mecanismos actuales de salvaguardia en los acuerdos comerciales para proteger sectores agrícolas sensibles como el arroz? ¿Qué medidas son necesarias para reforzar aún más el principio de reciprocidad en el comercio internacional?

Los mecanismos actuales de salvaguardia no son suficientes para proteger adecuadamente sectores sensibles como el arroz. En muchos casos se activan demasiado tarde o con umbrales excesivamente elevados, cuando el daño al mercado ya se ha producido. La experiencia reciente demuestra además que estos instrumentos presentan importantes limitaciones jurídicas y operativas.

Un ejemplo significativo ha sido la evolución de las importaciones procedentes de países beneficiarios del régimen «Todo menos armas» (EBA), en particular Camboya y Myanmar. Aunque la Comisión Europea llegó a reintroducir derechos de importación tras constatar el perjuicio para el sector, la aplicación de estas medidas ha evidenciado la necesidad de disponer de mecanismos de salvaguardia más ágiles, automáticos y jurídicamente sólidos, capaces de responder con rapidez ante incrementos anormales de las importaciones.

En este contexto, resulta necesario revisar los instrumentos de defensa comercial aplicables al arroz y evaluar el funcionamiento de los regímenes preferenciales cuando afecten a sectores especialmente sensibles. La apertura comercial debe ser compatible con la protección de la producción europea y sustentarse en el principio de reciprocidad, garantizando que los productos importados cumplan requisitos equivalentes a los exigidos a los productores europeos en materia ambiental, fitosanitaria, laboral, social, de trazabilidad y seguridad alimentaria.

Desde la perspectiva del sector arrocero español, una defensa comercial eficaz resulta esencial para preservar la viabilidad económica de los productores, las cooperativas, la industria transformadora y el empleo asociado. No resulta coherente exigir elevados estándares de producción dentro de la Unión Europea mientras se permite la entrada preferencial de arroz obtenido bajo condiciones significativamente menos exigentes.

Asimismo, deben reforzarse las cláusulas espejo, mejorar el control de residuos fitosanitarios, establecer mecanismos eficaces contra la triangulación comercial mediante controles rigurosos del origen de las mercancías y realizar un seguimiento continuo del impacto acumulado de los acuerdos comerciales sobre el sector arrocero europeo.

La Unión Europea debería revisar igualmente los aranceles aplicables al arroz, tanto blanco como integral, y valorar un tratamiento específico para el arroz envasado, ya que la creciente importación de producto transformado desplaza valor añadido fuera de Europa y debilita la competitividad de la industria molinera, las cooperativas y los productores.

Proteger el arroz europeo no significa rechazar el comercio internacional, sino garantizar unas condiciones de competencia equitativas que permitan mantener una producción propia competitiva, preservar el empleo rural, conservar los ecosistemas asociados al cultivo y reforzar la autonomía estratégica, la resiliencia frente a futuras crisis y la seguridad alimentaria de la Unión Europea.